Consecuencias de la crisis económica en el ámbito judicial

El sostenimiento de la economía española sobre los pilares del sector de la construcción y la inversión de los grandes bancos españoles en productos de riesgo en otros países (EE.UU. y sus bonos-basura) han supuesto en el ámbito judicial un movimiento de reclamaciones de tal magnitud que dicho sistema se ha colapsado hasta límites nunca vistos.

Recuerdo que empecé a ver [en España] los primeros atisbos de crisis a principios de 2008, cuando en mi despacho se incrementaron las reclamaciones por despidos y reclamaciones de salarios debidos a trabajadores [del sector] de la construcción. Poco a poco se iban paralizando las obras, ante la escasa compra de viviendas. Y, en un efecto domino de dimensiones inabarcables, dejaron de trabajar albañiles, electricistas, fontaneros, cementeras, fábricas de ladrillos, de azulejos, de carpintería metálica… empresas, casi todas ellas, compuestas por plantillas de menos de 50 trabajadores, que veían como los encargos dejaban de hacerse e, incluso, los ya hechos, de pagarse. Esto provocó despidos masivos en empresas que, además, no podían hacer frente a las indemnizaciones debidas, lo que supuso que las reclamaciones laborales fueran el primer despunte de esta crisis.

Pero no sólo la situación judicial se vio asfixiada en el plano laboral, dejando atascados los Juzgados de lo Social con demandas que se verán dentro de un año, sino que ese mismo efecto domino “contagió” a otros órdenes jurisdiccionales y se hicieron cada vez más frecuentes las reclamaciones económicas por contratos realizados y no pagados, con graves perjuicios para quien había cumplido su parte.

Muchas empresas de construcción vieron en la llamada “obra civil” su salida. La construcción y/o reparación de edificios destinados a las Administraciones Públicas, de carreteras, rotondas o aceras supuso un poco de aire fresco en la situación económica de muchas de estas empresas. Sin embargo, como la pescadilla que se muerde la cola, los gobiernos locales dejaron poco a poco de pagar las facturas debidas a esas empresas que les hacían embellecer sus pueblos de cara a las futuras elecciones.

Así, todo el castillo de aire que habíamos construido se desmoronó y esparció sus bloques de ladrillo visto sobre un sistema judicial anclado en formas del S. XIX, un sistema basado en montañas de papel, con funcionarios colapsados por exceso de trabajo, con jueces que empujan maletas de ruedas y se llevan el trabajo a casa a terminarlo.

Así, no es raro que en un año un Juzgado civil vea más de 5.000 demandas, que un Juzgado Social te de cita para juicio 14 meses después de haber presentado la demanda de reclamación de salarios de un cliente o, lo que es peor, que los Juzgados de lo Mercantil estén atascados con asuntos concursales, sin poder dar salida a otro tipo de reclamaciones existentes entre empresas.

A todo ello se le une un intento de modernización de la Justicia lleno de previsiones y planes de futuro que no se ha visto apoyado por una mayor inversión estatal económica y personal. Las líneas programáticas de la reforma de la Justicia se basan en la informatización plena del sistema. Sin embargo, la propia base del sistema es insuficiente para sostener los nuevos pilares reformatorios, puesto que la transformación realizada ha sido insuficiente y esa informatización, en numerosa ocasiones, no funciona, amén de otros problemas de archivo, notificación o grabación de los juicios, por ejemplo.

Sin embargo, creo que los más afectados por todo este problema no son los juzgados en sí, sino las personas que buscan en la Administración de Justicia la solución lógica y legal a los problemas que otro les han planteado. El llamado “justiciable” ve impotente como el inquilino que no le paga el alquiler pasa meses y meses dentro de su casa, a veces, destrozándola, para irse de rositas, sin pagar, el día que se le desahucia. Y el trabajador al que su empresa le debe 4 meses de salario y que confía en que los juzgados le den una solución rápida tiene que esperar más de un año para que su asunto se vea en juicio, sin posibilidad de cobrar el dinero que necesita para poder pagar hipoteca, luz, agua, comida y ropa. O el empresario que se dedica a ofrecer un servicio de telefonía e Internet por cable que ve cómo sus reclamaciones judiciales entran en fase de ejecución y los deudores, que ya saben como funcionan las notificaciones, no las cogen argumentando que nadie con ese nombre vive ahí, de manera que dejan a pagarles cantidades ridículas que, sumadas una detrás de otra, suponen el sueldo mensual de uno de sus empleados.

La salida de esta situación actual en el ámbito de la Justicia pasa por dos aspectos básicos: a) programar más puestos de trabajo, no sólo en el estado más alto, el de los jueces, sino en el de los funcionarios de diario que sacan el gran volumen de asuntos pendientes, y b) actualizar la informatización de manera de que no existan problemas cada día que se accede al servidor central y se pueda archivar, clasificar, notificar y grabar todo sin tener que volver al trabajo manual.

Pero claro, para poder llevar a cabo esos dos aspectos básicos hace falta dinero, dinero que el Estado no tiene, al menos en la cantidad que necesita, y dinero que los bancos ya no prestan. Como si viviéramos en un enorme círculo cerrado, los bancos vuelven a ser protagonistas de la historia, pues el vil dinero, lo que todo lo puede, está cerrado con siete candados bajo la atenta mirada de esos mismos, no lo neguemos, que han provocado la situación en la que estamos.