Antes de comentar las posibles economías de escala y las sinergias que pueden conseguirse en el Estado, creo que es necesario que aclaremos dos puntos: Primero, la motivación de este artículo. Segundo, qué son dichas economías y sinergias.
En cuanto al motivo de escribir un artículo sobre este tema, debo reconocer que es puramente egoísta y personal. Uno se cansa de oír siempre las mismas palabras en referencia al Estado. “El Estado no crea riqueza”, “sería mejor que cada uno gestionase todo su dinero”, “el egoísmo es la base del mercado, y de la creación de riqueza”, “la solidaridad impuesta destruye riqueza”…
Bien, creo que a estas alturas, en las que los defensores del libre mercado dan por sentadas todas estas aseveraciones, debemos realizar un esfuerzo que demuestre que el Estado, a pesar de sus fallos (fallos inherentes a cualquier organización o modelo en el que participen seres humanos) puede, y debe, crear riqueza. Y la mejor forma de demostrarlo es mediante las economías de escala, alcance y sinergias.
Economías de escala son los beneficios que conlleva una producción mayor para reducir el coste unitario de cada artículo producido, aumentando el beneficio y reduciendo los costes.
Las economías de alcance parten de un proceso aparentemente contrapuesto al de las economías de escala. Donde las economías de escala obtienen beneficios de la especialización y la producción en masa, las economías de alcance obtienen dichos beneficios de la producción de una gama de productos variados.
En la actualidad, gracias a las técnicas de personalización y adaptación de la producción y distribución (desarrolladas por las nuevas tecnologías y el transporte) ambas son compatibles, y por lo tanto deseables en su aplicación a las Administraciones Públicas y al Estado.
Las sinergias son un término más amplio que incide sobre los modelos productivos para conseguir mejoras en la eficiencia respecto a otro modelo basado en varias organizaciones. Por ejemplo, durante una fusión de empresas, las sinergias se pueden producir al unir departamentos financieros o de recursos humanos, al aumentar el tamaño y la base de clientes, y haciéndolo reduciendo los recursos empleados por las dos organizaciones iniciales.
¿Qué mejor sistema que el Estado para aprovechar sinergias, economías de escala y de alcance? Por ejemplo, en los servicios a los ciudadanos de los ayuntamientos, centralizando su gestión, se consiguen beneficios de servir a cientos de miles de ciudadanos (economías de escala), en diversos trámites administrativos (de alcance).
También se obtienen economías de escala en la compra a proveedores, donde el poder de compra del Estado (recordemos que el Estado no obliga a las empresas a vender) obtiene márgenes mayores a los que podría conseguir una gestión privada, y muchas veces incentiva la innovación en las empresas subcontratadas por el mero hecho de hacerlo.
Las sinergias se pueden producir, por ejemplo, en empresas públicas que centralizan procesos de varias ramas de actividad.
Esas sinergias también se dan en la centralización de algunos servicios en áreas como la Sanidad, Defensa, Protección Civil, fuerzas de Seguridad del Estado. El simple hecho de tener un organismo de centralización produce ahorros en costes respecto a la gestión privada, así como una mayor eficiencia en tareas de ámbito nacional.
De hecho, estos beneficios se hacen muy evidentes cuanto más mejora la eficiencia del estado, y cuanto éste se va liberando de trabas como la corrupción, la burocracia inútil, etc. De la misma forma que las empresas mejoran su efectividad a medida que se ajustan a fenómenos como los free riders, los “trepas” y la ambición de sus directivos que anteponen su beneficio al de los accionistas.
La concepción del Estado despilfarrador está muy arraigada en los países latinos y mediterráneos, y en nuestro país [por extensión]. Esta imagen no deja ver los beneficios que el Estado y las Administraciones Públicas crean, y de los servicios que provee a los ciudadanos. Sanidad universal, protección individual y territorial, educación, un imperio de la ley, la misma existencia de la propiedad privada es garantizada por policías, leyes y jueces pertenecientes al sector público.
Esta concepción parcialmente errónea del Estado sólo significa que deben realizarse ajustes en el modelo de las administraciones para conseguir que dichas economías y sinergias se produzcan, redundando siempre en un mayor y mejor servicio al ciudadano empleando los mismos recursos.
Debo añadir, además, que no creo que toda la discusión sobre la eficiencia de uno u otro modelo se deba circunscribir al ámbito económico. Cualquier persona capaz de reconocer la necesidad de prestar servicios a ciertos colectivos desamparados a pesar de que no redunda en beneficio económico alguno, y que son una clara pérdida que no acometería ninguna empresa, cualquier persona capaz de ver la necesidad de mantener estos servicios, entenderá de lo que hablo.
El intento de sustituir las administraciones públicas por empresas privadas derivaría en dos situaciones negativas. Una, la sustitución de las mismas por monopolios que terminarían siendo tan costosos como el Estado, o una multitud de pequeñas empresas que garantizasen el “libre mercado” pero que perderían todas las posibles economías de gama, alcance y las sinergias de las que goza actualmente el Estado.
Para quienes le reprochan falta de flexibilidad y de cercanía al ciudadano, sólo decir que la clave está en encontrar el punto óptimo donde se logren los mayores ratios de eficiencia y el mayor servicio a los ciudadanos, en el equilibrio y la combinación de las diferentes administraciones públicas, estatales, locales y regionales y comunitarias.
¿Significa eso que los responsables de dichas administraciones deben dormirse en los laureles? Ni mucho menos, pues es necesario, urgentemente necesario, reformar modelos como el universitario, el sistema de empleo de por vida, e introducir conceptos como la medición por objetivos en las administraciones más atrasadas. En otras, donde estos modelos ya se implementan, y se combinan con un creciente uso de las nuevas tecnologías, la eficiencia crece más y más.
En resumen, la aseveración de que el Estado no crea riqueza es totalmente falsa. Primero, porque el Estado tiene el deber de llegar allí donde la empresa privada no va a llegar, en la asistencia a los más desfavorecidos, la protección del medio ambiente, el tratamiento de enfermedades muy costosas y crónicas…¿O es de rigor que miles de familias soporten los gastos de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el alzhéimer, el sida, que les llevarían a la banca rota, o que supondría incluso la muerte de muchas personas?
Para quienes sólo entiendan de números, pensad en las pérdidas que se producirían de producirse la muerte de dichos trabajadores, creativos, amas de casa, niños. Porque la privatización de la sanidad no conllevaría una reducción de los costes de la misma, ni del precio de los medicamentos. A lo sumo, un mayor poder adquisitivo que mal empleado dejaría a las familias indefensas ante los avatares de la vida. Llamadlo injusto, llamadlo Estado paternalista, yo lo llamo ayudar a quien lo necesita.
Segundo, el Estado sí crea riqueza. Hace carreteras, líneas de metro, aeropuertos, hospitales, proporcionan seguridad, curan enfermedades, bibliotecas, etc. Elementos que enriquecen la vida de los ciudadanos, que les ayudan en los momentos difíciles y que les exigen en los de bonanza. Hay una asignatura completa que estudia las empresas y las administraciones como elementos formados por relaciones.
Siendo estrictos, ni las administraciones ni las empresas crean la riqueza, son sus trabajadores y sus máquinas quienes lo hacen, pero son estas relaciones las que organizan la producción de bienes y servicios.
Es nuestro deber, por lo tanto, tanto colaborar como exigirle al Estado que aumente la eficiencia de sus relaciones internas, y con el ciudadano, para que maximice esta creación de riqueza. Es la única forma de demostrar que existe un modelo de gestión y creación de valor alternativo al paradigma liberal que se nos quiere imponer.
Debemos lograr que la administraciones públicas sean más eficientes, al tiempo que salvaguardamos la naturaleza solidaria de las mismas, la atención al desfavorecido, y que mejoramos el Estado del Bienestar.
