La televisión, pseudo cultura

1 diciembre, 2011

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Recuerdo con nostalgia la televisión de mi niñez. Sí, soy [en España] de la generación que creció con los payasos de la tele y “Barrio Sésamo”, “La bola de cristal”, los sábados por la tarde, “El Kiosko” y “Tocata”, series de culto como “V”, “El coche fantástico” y “El equipo A” y, por supuesto, el “Un, Dos, Tres”. Recuerdo los grandes ciclos de cine, en color y blanco y negro, y los programas de debate que, aunque yo no seguía, si despertaban el interés de mis padres.

Era otra televisión, una televisión pública de verdad, un servicio público cuya principal finalidad, resulta obvio, era entretener, pero que también, al menos en mi opinión, era un instrumento transmisor de cultura y que nos enseñó, nos educó y contribuyó a crear en nosotros, los niños de entonces, una capacidad reflexiva y crítica.

A finales de los 80 se produjo la primera gran revolución televisiva en España, propiciada por la Ley (10/1988, de 3 de mayo, de) Televisión Privada. Como se desprende de su artículo 2, la Ley posibilitaba que sociedades anónimas pudiesen gestionar indirectamente el servicio público de la televisión mediante concesiones administrativas. Según el artículo 3 de la norma, la explotación del servicio debía realizarse por las sociedades concesionarias conforme a una serie de principios, los mismos por los que se regía la televisión pública, establecidos en el artículo 4 de la Ley (4/1980, de 10 de enero) del Estatuto de la Radio y la Televisión, entre los que se encontraban “la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”; “el respeto al honor, la fama y la vida privada de las personas”; “la protección de la juventud y la infancia” o “el respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución”.
Yo, que en ese momento daba los últimos pasos de la niñez, observaba la aparición de los nuevos canales con ilusión, pues para mi suponía tener más cadenas entre las que elegir, en definitiva, más oferta de dibujos animados, series, películas y del tipo de programas que, en general, interesaban a una persona que estaba entrando en la adolescencia.

La realidad, eso es evidente, es que al abrir el melón de la privatización televisiva, se aumentaba la oferta de canales, de dos públicos de ámbito estatal, a cuatro, en abierto, más un quinto canal de pago (a los que se sumaban los que unas pocas Comunidades Autónomas habían creado, al amparo de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del Tercer Canal de Televisión, para sus respectivos territorios).

Ya como adulto, me he dado cuenta de que al final, esos canales privados han acabado siendo gestionadas por grandes grupos de comunicación que con las concesiones de los mismos se introducían en el mundo de la televisión, pero que son propietarias también de emisoras de radio, editoriales de prensa escrita y de libros, por lo que en realidad se trata de grandes conglomerados de empresas del mundo de la comunicación y la cultura.

Ese hecho es el que permite comprender las que, desde mi punto de vista, han sido las dos notas más significativas en la gestión de las cadenas de televisión privadas hasta el momento:

• En primer lugar, la posición de influencia y poder con la que cuentan los grupos que están detrás de esos canales ha determinado que hayan puesto éstos, y en general, el resto de medios de comunicación de los que son titulares, al servicio de sus intereses económicos, políticos e ideológicos.
• En segundo lugar, puesto que al fin y al cabo son empresas, han gestionado los canales privados desde una clara mentalidad comercial. Su principal objetivo era, y sigue siendo (aunque en cierto modo es comprensible), ganar dinero, lo que ha llevado a que, en unos canales más que en otros, se haya aplicado el principio de “todo vale” a la hora de definir los contenidos de su programación. En efecto, como lo que priman son las audiencias, han dado al público lo que quiere ver, llenando la parrilla televisiva de “telebasura”, de la que el principal exponente son los programas del corazón y los denominados “reality shows”. No hace falta profundizar excesivamente en este tipo de programas, aunque si creo interesante resaltar que en ellos se sobrepasa continuamente la fina línea de la dignidad y la intimidad humana, incluso en ocasiones en horario infantil o, al menos, a horas en la que los niños pueden tener acceso a esos contenidos (aunque evidentemente, son los padres los responsables últimos de que sus hijos vean o no según que tipo de programas).

A destacar es también como esa visión comercial ha llevado a los canales privados a hacer un uso abusivo de la publicidad, una de sus principales fuentes de financiación, tendencia que se ha mantenido por más que se han adoptado normas reguladoras, y en una clara línea limitativa, de su uso, con la única y llamativa excepción de la televisión pública de titularidad estatal [TVE], en la que la publicidad se ha suprimido recientemente.

A la vista de esas dos notas, cabe preguntarse: ¿dónde está la veracidad, objetividad e imparcialidad que deben profesar esos canales?, ¿dónde queda el respeto al honor y la vida privada de las personas?, ¿y la protección de la juventud y la infancia? O dicho de otro modo: ¿cómo es posible que esas cadenas de televisión se hayan saltado tan a la torera los principios impuestos por ley (4/1980)?, norma que, por cierto, ya no está en vigor, siendo la actualmente vigente la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que no obstante, mantiene esos principios, ya sea expresamente o en su espíritu.

Pero sin duda alguna, lo que más llama la atención es que por parte de los sucesivos Gobiernos no se haya adoptado una actitud firme para tratar de someter las programaciones de los canales privados a límites que les hagan ajustarse a esos principios. O quizás, ese hecho no sea tan significativo desde el momento en que la propia televisión pública (no solamente la estatal, también las televisiones autonómicas, que han proliferado mucho en el nuevo siglo, hasta el punto de casi todas las autonomías cuentan con su propio canal) ha incurrido en los mismas tendencias, esto es, han sido medios al servicio ideológico y político del partido gobernante y, asimismo, han entrado en la guerra por las audiencias, lo que les ha llevado también a incluir programas basura. Además, creo que los Gobiernos, tanto estatales como autonómicos, han mantenido una política de “pan y circo”, facilitando a otras cadenas, e incluso ofreciendo ellos mismos a través de la televisión pública, programas que entretengan sin más, pero no hagan pensar demasiado a la población (en este sentido, es de justicia reconocerlo, “La 2” [de TVE] es una clara excepción). Y buena prueba de ello, además de los tipos de programas aludidos, es la gran cantidad de horas dedicadas en el conjunto de las televisiones al deporte, y principalmente al fútbol, hasta el punto de que se hayan creado canales temáticos, en abierto o de pago.

Una nueva etapa se ha abierto con la ya citada Ley General de la Comunicación Audiovisual, que trasponía algunas Directivas comunitarias, y que entró en vigor el 1 de mayo de 2010. Dicha norma ha traído consigo algunas novedades interesantes:

• En primer lugar, la liberalización de la prestación del servicio de televisión, de manera que los particulares pueden prestar dicho servicio en condiciones de libre competencia, con algunas limitaciones, y sin más requisito que la comunicación previa o, en determinados supuestos, la obtención de una licencia administrativa. De este modo, se facilita la apertura de nuevos canales de televisión, en un momento importante como el actual, en el que la llegada de la televisión digital terrestre ha supuesto un aumento del espectro radioeléctrico y mejorado la calidad de la señal. De hecho, desde que el pasado 31 de marzo de 2010 se produjo en España el apagón analógico y ya únicamente existe la conocida como TDT, se ha producido un importante incremento de canales de televisión, generalistas o temáticos, de ámbito nacional, autonómico o local.
•  En segundo lugar, la norma crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que como se desprende del artículo 45 de la Ley, se concibe como una autoridad independiente y supervisora que regula la actividad de la televisión, velando por que se cumplan los objetivos señalados en ese precepto, entre los que se encuentran “la plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley: en lo especial en lo referente al menor” o “la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación audiovisual”.

Entre las funciones que la disposición atribuye al citado organismo se encuentra la de aplicar el régimen sancionador que la propia norma establece, en lo que constituye otra de las principales novedades.

Aun es pronto para saber si la creación de un organismo supervisor va a servir para que las televisiones cumplan todos esos principios que la antigua Ley 4/1980 establecía y que se mantienen vivos en la nueva norma. Pero no hay que perder de vista que, según el artículo 49 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, el Presidente y los Consejeros que conforman el órgano son nombrados por el Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados, situando al organismo en una posición de dependencia política que podría comprometer su independencia. Me lo dice la experiencia.

Y si así fuera, la televisión seguirá siendo una máquina de entretener, pero desde luego no un instrumento transmisor de cultura, por mucho que nos la quieran vender así, y seguiríamos atrapados en una pseudo cultura televisiva.~